En primer lugar y como condición sine qua non es que el profesional sanitario quiera hacerlo, es decir, quiera denunciar una situación de exclusión sanitaria. Partiendo de esa premisa, el colectivo Yo sÃ, sanidad universal ha elaborado una guÃa para que el sanitario, fundamentalmente de Atención Primaria, detecte y denuncie los casos de personas que no han recibido una atención sanitaria.
El colectivo pide a los sanitarios que sean parte activa en la denuncia de esta situación, averiguando cuánta gente se ha dado de baja del cupo y cuál ha sido el motivo; notificando a los responsables sanitarios del centro o del hospital los casos de exclusión que conozcan y las implicaciones en la salud colectiva que puede tener dejar sin atención a esas personas. Tienen un hashtag, #LaLlamanUniversalYNoLoEs para difundir las situaciones de exclusión. Además, alentan a los profesionales a que pongan en conocimiento estos casos en los colegios profesionales, sindicatos y sociedades cientÃficas.
Por último, Yo sÃ, sanidad universal insta a los facultativos a completar el registro de objetores de la SEMFyC (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria). El citado registro recoge objetar al Real Decreto 16/2012, la norma que eliminó la asistencia sanitaria tal y como se conocÃa hasta ese momento, pero que, posteriormente, fue matizada por el RDL 7/2018, que con carácter de urgencia aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez, para volver a la sanidad universal.
Un debate muy vivoPero, ¿se ha vuelto a la sanidad universal? El debate se abrió con contundencia el pasado julio, cuando la norma del Gobierno de Sánchez cumplió un año de vigencia. Yo SÃ, Sanidad Universal, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL16/2012 (REDER) y AmnistÃa Internacional celebraron el aniversario con una manifestación frente a la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid. Denunciaron el caso de 1.300 de personas que no habÃa recibido asistencia sanitaria en España, poniendo asà en evidencia que no existÃa esa universalización de un derecho, por más que el Gobierno repitiera lo contrario.
Hace una semana, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, elaboró un listado de recomendaciones dirigidas al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas de Galicia y Madrid para que atendieran a los colectivos excluidos de esta atención. En el caso de Galicia y Madrid, el Defensor les pidió que hicieran una interpretación menos restrictiva de lo que recoge el RDL 7/2018. El problema identificado por la Institución es que falta un reglamento que detalle el procedimiento para aplicar el RDL 7/2018 y, por tanto, queda a criterio de cada comunidad la última aplicación de la norma.
Asà las cosas, en la rueda de prensa ofrecida el martes, 3 de diciembre, por Yo sÃ, sanidad universal se difundió un documento con casos reales, de personas que habÃan acudido a esta ONG por haber quedado excluidos de la atención médica. El informe denuncia “la expulsión del sistema sanitario de los ascendientes reagrupados, madres y padres que han obtenido la tarjeta de residencia como familiares de sus hijos españoles”. Según este colectivo, “no se tiene en consideración si tienen una enfermedad grave, si no pueden acceder a un seguro privado, o pagarse los tratamientos. Ni siquiera se les reconoce el derecho a la atención en situaciones de urgencia”.
En el acto intervinieron los médicos Clara Benedicto y Nacho Revuelta, que son miembros de esta organización y médicos de Atención Primaria; el facultativo Ricardo Angora, que es vocal del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM); Javier Moreno, que es abogado del grupo jurÃdico de apoyo a ‘Yo Sà Sanidad Universal’; y Tomasa, una mujer de Perú afectada por la situación denunciada.
Entonces, también alertaron sobre exclusiones a “menores, embarazadas, personas en estancia temporal con situación de necesidad o solicitantes de protección internacional”. Este colectivo dedica una especial atención a hablar de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid donde, según denuncian, “no sólo no ha adaptado la normativa autonómica ni informado a la población y a los profesionales, sino que además ha realizado bajas masivas de personas que tenÃan reconocido el derecho a la asistencia, sin previo aviso, y desinformando sobre los cauces para su renovación”.
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